miércoles, mayo 1, 2024

Policía solicita a juez autorización para destruir vehículos chatarras

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DECLARACIÓN. Según la ley, primero deben ser declarados judicialmente en estado de abandono. INFORME. El magistrado intimó al comandante por 72 horas a que informe cantidad y estado de rodados.

La Policía Nacional, a través de su jefa jurídica, solicitó al juez civil Arnaldo Martínez Rozzano que declare abandonados los vehículos chatarras, de modo a poder destruirlos. Sin embargo, el juez pidió primero saber la cantidad y el estado de los procesos que afectan a estos rodados.

La presentación la realizó ayer la comisaria principal MGAP Luz Núñez de Ocampo en representación del comandante de la Policía, Francisco Resquín. Promovió la acción declarativa de abandono de vehículos automotores y la autorización para su destrucción.

Según explica, la Policía, en cumplimiento de su misión, a través de los años, incautó una gran cantidad de motocicletas y automóviles en varios procedimientos realizados conjuntamente con el Ministerio Público.

Remarca que los bienes incautados luego fueron depositados en los predios de las distintas dependencias policiales, como evidencias de hechos punibles. Sin embargo, estos ocupan gran parte de los espacios físicos de las dependencias policiales, que están abarrotadas.

Indica que tanto las motocicletas como los vehículos a la fecha están deteriorados o inservibles. Con ello, para descongestionar las direcciones policiales, comisarías, subcomisarías y puestos policiales, fueron remitidos a la Agrupación de Protección Ecológica y Rural, en el kilómetro 21 de la ruta PY01.

No obstante, sostiene que a la fecha los mismos se convirtieron en un peligro, porque favorecen la proliferación de alimañas y son potenciales criaderos de mosquitos transmisores de enfermedades; en este caso, dengue, zika o chikungunya.

Con ello, cita la Ley 6245/18, en su artículo 11, que refiere que los vehículos deteriorados deben ser declarados judicialmente en estado de abandono, por el estado en el que se encuentran, de modo a ser considerados chatarras o que impliquen un peligro para la salud, para ser destruidos.

RESOLUCIÓN

El juez civil Arnaldo Martínez admitió la acción y, antes de tomar cualquier decisión, emplazó por 72 horas al comandante de la Policía Nacional, para que informe sobre la cantidad de automóviles y motocicletas depositados en diferentes dependencias.

Además, el magistrado requiere que el informe señale la causa fiscal y/o judicial por la cual fueron revisados y/o depositados, así como también cualquier otro dato que sirva para individualizar dichos bienes.

La acción debía ser presentada el martes, pero por desconocimiento de la jefa jurídica entendió que no se quiso recibir y que recién en febrero debía hacerlo. En realidad, solo se le pidió sortear la causa, para que luego de la feria vaya al juzgado competente.

Ayer, con la ayuda del Juzgado se realizó el sorteo, que cayó ante la jueza Lizza Reyes, interinado por el juez de feria Arnaldo Martínez. Desde mañana, la jueza será Vivian López, quien entrará de feria.

Una vez que llegue el informe se verá el estado del proceso en el que se encuentran, si hubo condena; si no, para ver qué es lo que se debe hacer.

«El procedimiento previo para que el juez acceda es el sorteo y la fiscalización. Este procedimiento se hizo recién hoy por la abogada». Juez Arnaldo Martínez.

“Emergencia es propicia para judicializar”

Con más de mil motocicletas y un número superior a 500 vehículos en estado de chatarra que abarrotan los corralones de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), el retiro de máquinas abandonadas y oxidadas de las calles de Asunción, que son potenciales criaderos, es un objetivo imposible en esas condiciones, según admite el director de esta fuerza operativa de la Comuna capitalina, inspector Óscar Leguizamón.

El mismo resaltó que para revertir esa situación se remitió a la Dirección de Asesoría Jurídica, a cargo de Benito Torres Aceval, más de 600 expedientes de máquinas retenidas, de manera a elaborar una norma que apunte a la reducción de las mismas a través de su comercialización con empresas dedicadas a la compra de chatarras, de manera a liberar espacios en las bases de tránsito.

“Ya están en manos de Asesoría Jurídica todos los antecedentes y se le está imprimiendo toda la velocidad para que salga cuanto antes. La emergencia que se tiene para combatir la epidemia de dengue es propicia para judicializar cada caso de rodados retenidos hace años y que esto sea ya en un proceso, donde a los seis meses ya se pueda disponer de motocicletas y autos que saturan nuestros corralones”, manifestó.

Comentó que como plan de contingencia, cada día un equipo de tres inspectores apoyado por grúas y el único guinche de PMT limpian de agua acumulada y basura sitios donde se amontonan las chatarras para evitar que propicien la aparición de mosquitos, además de solicitar a la SEN la provisión de carpas para cubrirlas.

Sobre automóviles y motos que rodean adyacencias de comisarías, puntualizó que solo con orden judicial se puede disponer de los mismos, ya que fueron depositados por la Fiscalía en esos lugares.

En Argentina eliminan las chatarras y ayudan a hospital

Un ejemplo digno de imitar en el marco del combate al dengue es lo que implementó en 2015 el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Allí, los inspectores de tránsito al encontrar, por ejemplo, un automóvil abandonado en la vía pública pueden intimar de oficio a los dueños para que desalojen o pongan en condiciones sus vehículos. Si en 15 días no responden, proceden a la remoción del rodado: sea auto, camión o motocicleta.

La medida la tomó el Programa de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores de la capital argentina, en virtud de que las chatarras abandonadas no solo afean el paisaje, sino que se constituyen en un problema de salud pública, al ser fuente de todo tipo de alimañas.

El programa creó una APP (BA 147) con la que un vecino puede subir la foto de un vehículo abandonado. Los agentes van al sitio, labran un acta y pegan una calcomanía avisando que existe una infracción. De no responder en el plazo señalado, se remueve el rodado hasta un desaguadero donde es compactado y vendido como chatarra.

Lo recaudado es donado al Hospital Garrahan, donde históricamente atienden, sin distinción, a ciudadanos paraguayos.

Fuente: Última Hora.

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