La resolución indica que fue ante publicaciones de medios de prensa sobre presuntas irregularidades en la adquisición de las armas. La Dirección General de Auditoría Interna realizará la investigación.
Tras las publicaciones acerca de las presuntas irregularidades en la licitación para la adquisición de armas de seguridad y armas de fuego, el Consejo de Superintendencia de la Corte dispuso ayer intervenir la Unidad Operativa de Contrataciones.
La resolución, que lleva el número 867, fue dictada por el presidente de la Corte, Dr. Antonio Fretes, y los vicepresidentes, ministros Luis María Benítez Riera y Miguel Óscar Bajac Albertini.
Este diario publicó ayer dos órdenes de compra firmadas supuestamente por la licenciada Liz Fátima Insfrán, directora de la Unidad Operativa de Contrataciones, en las que solicitaban más armas que las adjudicadas en la licitación.
El argumento de la resolución de la Corte dice que la prensa publicó sobre las presuntas irregularidades en la LPN PAC n.º 31/10 «Adquisición de Armas de Seguridad y Armas de Fuego, Ad-referéndum», adjudicada a la firma Comtecpar SA.
Los ministros entienden que los hechos son graves, y «con el propósito de ratificar la transparencia en los procesos administrativos de adquisiciones en los que intervenga la Corte, se torna necesario disponer la intervención de la Unidad Operativa de Contrataciones».
La intervención estará a cargo de la Dirección General de Auditoría Interna del Poder Judicial, «a los efectos de realizar una exhaustiva investigación sobre los hechos denunciados.
ADJUDICACIÓN. El llamado a licitación se realizó en agosto del 2010, luego de la aprobación del pliego de bases y condiciones. En la licitación para la compra de armas y municiones, fue adjudicada la firma Comtecpar SA.
El Comité de Evaluación de la Licitación estuvo integrado por el director de Administración y Finanzas, Lic. Roberto Torres; la entonces directora financiera, Lic. Lucía Santacruz; el Lic. Gustavo Chamorro, director administrativo, y el Lic. José Benítez Isasi, asesor administrativo y financiero.
Se adjudicó la compra de 2.500 municiones, pero luego se hizo una adenda, donde solo se puede ampliar por ley de contrataciones el 20%, por lo que aumentaron el número a 3.000 municiones.
Asimismo, solicitaron 12 armas de fuego en la licitación, pero luego, de igual forma que el anterior, firmaron una adenda, donde aumentaron a 15 armas.
Sin embargo, la Dirección de Material Bélico (Dimabel), dio a conocer documentos firmados por la Lic. Liz Fátima Insfrán, directora de la Unidad Operativa de Contrataciones, donde pedía más armas de las requeridas en la licitación.
Esto fue uno de los motivos alegados por la Corte, para disponer la intervención de la Unidad responsable de las adquisiciones del Poder Judicial.
Las armas y municiones fueron adquiridas por el Poder Judicial a los efectos de mejorar la seguridad de los ministros de la Corte, y dotar de buenas armas a los responsables de la seguridad.
No obstante, en febrero pasado, Rubén Orlando González Peralta, uno de los socios de la empresa Comtecpar SA, denunció ante el entonces presidente de la Corte, Víctor Manuel Núñez, situaciones irregulares en la licitación.
El mismo señaló que el socio mayoritario de la empresa, Carlos Federico León, le desplazó de toda participación en la firma, y que por eso planteó diligencias preparatorias ante el juez, para pedir la rendición de cuentas.
Tras la denuncia, Núñez derivó el caso a la Fiscalía General del Estado.
las Cifras
3.000 municiones son las solicitadas por la Corte, entre lo licitado y la adenda que se hizo posteriormente.
15 armas de fuego son las que fueron compradas por el máximo tribunal, entre el contrato y la adenda posterior.
Fuente: Ultima Hora
